El Gobierno de Joe Biden da un nuevo giro a su política migratoria con el principio que la inspira: más rutas legales de llegada y más dificultades para la inmigración irregular. Esta vez lo hace con la presión de que el 11 de mayo vence legalmente en Estados Unidos la emergencia sanitaria por la pandemia y, con ella, el llamado título 42, que permite retornos rápidos de inmigrantes.
Estados Unidos teme un aumento del flujo migratorio en la frontera con México y este jueves ha anunciado, por un lado, más medidas de control y, por otro, la ampliación de rutas migratorias legales a países centroamericanos (Guatemala, El Salvador y Honduras) y América del Sur (Colombia). Entre las novedades, Washington ha acordado con otros países crear centros de inmigrantes en la región donde puedan tramitar sus solicitudes y ser evaluados.
“El fin del título 42 no significa que la frontera esté abierta”, han advertido este jueves en reiteradas ocasiones altos cargos de la Administración. La norma, utilizada por primera vez en 1929 para contener la inmigración asiática, fue rescatada por el presidente Donald Trump en marzo de 2020 por motivos sanitarios, al inicio de la pandemia. Las nuevas medidas han sido impulsadas y son presentadas este jueves por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.
La oposición republicana, encabezada por Donald Trump, acusa a Mayorkas de ser el responsable de una “invasión” en la frontera con México y la inmigración se ha convertido en uno de los ejes del debate político en Estados Unidos. Se necesitan inmigrantes para cubrir los puestos vacantes, pero los republicanos han armado un discurso en el que tratan de identificarlos con la delincuencia.
El Título 42 ha facilitado el regreso de quienes cruzan la frontera sin permiso y son interceptados, aunque no ha frenado la llegada de inmigrantes. Tampoco detendrá las expulsiones: “Las personas que ingresen al país y no establezcan una base legal para permanecer, seguirán siendo debidamente expulsadas”, dijo un alto funcionario.
El gobierno de Biden ha ido adoptando diferentes acuerdos para facilitar las vías migratorias legales y, al mismo tiempo, cerrar la puerta a los inmigrantes sin papeles. Se extendió un acuerdo inicial para procesar solicitudes de venezolanos y luego se extendió a los ciudadanos de Cuba, Haití y Nicaragua gracias a un acuerdo con México anunciado a principios de año. El acuerdo implicaba el rápido retorno de quienes no cumplían los requisitos y Washington asegura que ha frenado drásticamente la llegada de inmigrantes de esos países.
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El modelo permite que las personas que residen en Estados Unidos presenten una solicitud en nombre de un ciudadano para ingresar al país si demuestran que cuentan con los medios de subsistencia o el apoyo local necesarios para sobrevivir, lo que facilita la reunificación familiar, por ejemplo. La solicitud debía tramitarse antes de viajar a través de una aplicación de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP, por sus siglas en inglés).
España y Canadá
Este jueves, Washington anunció que el programa también se aplicará a ciudadanos de Colombia, Guatemala, El Salvador y Honduras. Además, las medidas se extienden aunque expire el título 42 a nacionales de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Responsables del Gobierno de Biden han recordado que Estados Unidos también ha llegado a acuerdos para que Canadá y España acepten algunas cuotas de inmigrantes y que las nuevas medidas facilitarán que este proceso continúe.
“Un enfoque solo fronterizo no puede funcionar. Tenemos que trabajar de la mano con nuestros socios regionales y eso es lo que estamos haciendo en el marco de la declaración de Los Ángeles”, firmada en la Cumbre de las Américas en junio del año pasado, ha insistido un alto funcionario del Gobierno. “Como ya dijimos, vamos a establecer centros regionales de procesamiento en países clave de la región para facilitar muchas más vías legales que antes. Estamos cooperando en iniciativas de lucha contra el contrabando con países como Panamá y Colombia. Es un esfuerzo regional”, agregó.
“Hoy vamos a establecer centros regionales de procesamiento en Colombia y Guatemala, pero estamos en conversaciones con otros países de la región”, dijo un alto funcionario. De momento habrá oficinas ya existentes y el objetivo es que más adelante haya centros específicos dedicados únicamente a esta tarea.
Examinarán si las personas que quieren emigrar a Estados Unidos cumplen con los requisitos de asilo, empleo, reunificación familiar u otro tipo de programas y qué alternativas tienen disponibles. También se informará sobre las posibilidades de emigrar a Canadá o España, han explicado funcionarios del Gobierno, que han asegurado que habrá más detalles sobre su funcionamiento en las próximas semanas.
“Vemos esto como un enfoque regional en el que facilitaríamos que los inmigrantes que quieren venir a los Estados Unidos o ir a otros países como España y Canadá se queden donde están. Pide cita y accede a un centro. Este es un paso histórico que estamos muy emocionados de poder anunciar”, dijo el alto funcionario.
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