El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció el viernes que envió una nota diplomática a Estados Unidos en respuesta a comentarios del embajador Ken Salazar sobre una propuesta polémica para reformar el sistema de justicia en México.
Salazar había señalado el jueves que la elección directa de jueces, un aspecto central de la reforma que ha generado preocupación entre inversionistas, representa un «gran riesgo» para la democracia mexicana. Además, subrayó que cualquier cambio debe incluir «salvaguardias» para asegurar la independencia judicial.
López Obrador expresó en su conferencia de prensa que ha habido actos de irrespeto a la soberanía mexicana, refiriéndose a las declaraciones del embajador. «No aceptamos injerencias de representantes de gobiernos extranjeros en asuntos que solo nos conciernen a los mexicanos», afirmó el presidente, cuyo mandato termina el 1 de octubre.
El embajador canadiense Graeme C. Clark también criticó la reforma en otro evento, mencionando que los inversionistas buscan estabilidad y un sistema judicial funcional.
López Obrador indicó que también enviará una nota diplomática a Canadá, aunque no proporcionó más detalles. La reforma busca que más de 7,000 jueces y magistrados sean elegidos por votación popular.
Ante la controversia, miles de trabajadores de la industria iniciaron una huelga esta semana mientras el Congreso, dominado por la mayoría del gobierno, se prepara para votar sobre los cambios en septiembre.
El presidente argumenta que es esencial transformar el sistema judicial, ya que «no está al servicio del pueblo» y «sirve a intereses del crimen organizado». Entre las propuestas de la reforma se incluye la reducción de miembros de la Corte Suprema de 11 a 9, la creación de un órgano administrativo autónomo y un tribunal disciplinario, así como una reingeniería del sistema judicial y un sistema de justicia cívica para aliviar la carga del sistema penal.
El gremio judicial ha expresado su oposición a la propuesta, argumentando que vulnera sus derechos al eliminar la carrera judicial para acceder a cargos de jueces, lo que podría permitir que grupos de poder, incluso ilegales, controlen el sistema judicial.