(CNN Español) — Un juez ordenó prisión preventiva por seis meses y vinculó a proceso por segunda vez al exfiscal general de México Jesús Murillo Karam por acusaciones de desaparición forzada y tortura, relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, según un comunicado. este sábado del Consejo de la Judicatura Federal.
El informe describe al acusado en la audiencia como Jesús “N”. El Consejo confirmó a CNN que se trata del exfuncionario.
La audiencia se llevó a cabo este viernes en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
La vinculación a proceso le da a las autoridades mexicanas seis meses más para investigar y poder fundamentar su caso.
La resolución descartó vincular a Murillo Karam por el delito de coalición de servidores públicos, luego de que la Fiscalía General de la República le imputó el cargo esta semana.
CNN trata de obtener una reacción de la defensa de Murillo Karam, quienes en el pasado han dicho que no reconocen la existencia de este tipo de delitos y que las acusaciones contra su cliente se basan en declaraciones que el entonces fiscal hizo sobre el caso en su momento y han sido “sacados de contexto”.
Esta es la segunda vez que Murillo Karam es llevado a juicio por el caso Ayotzinapa. En agosto de 2022 fue detenido por la Fiscalía acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia. En septiembre, un juez de distrito le otorgó al exfiscal la suspensión definitiva de ser procesado por esos delitos.
Murillo Karam fue Fiscal General de la República durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, cuando encabezó las investigaciones iniciales sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero —sur del país—, ocurrida en septiembre de 2014.
También presentó y defendió la “verdad histórica”, como se conoce la explicación que dieron las autoridades en su momento sobre los hechos y que ahora la Fiscalía General de la República considera un invento. Esta primera versión sostiene que los estudiantes fueron secuestrados por integrantes del grupo delictivo Guerrero Unidos, quienes luego los asesinaron e incineraron en un basurero del municipio de Cocula, Guerrero. Las actuales autoridades consideran que la desaparición de los 43 estudiantes fue un “delito de Estado en el que participaron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado”.