La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Yasmín Esquivel y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han abierto un nuevo capítulo de la polémica sobre el plagio de su tesis de grado. Un tribunal colegiado ha terminado este viernes con la suspensión solicitada por la ministra, que prohibía a la entidad universitaria difundir anuncios sobre investigaciones por plagio; Sin embargo, minutos después, un juzgado de la Ciudad de México ha notificado una segunda suspensión que obliga a detener nuevamente la difusión de información.
El Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón —entidad perteneciente a la UNAM— fue el encargado de realizar un dictamen pericial sobre la tesis de Esquivel, presentada en 1987. La organización concluyó que el trabajo constituía un copia de otra presentada en 1986 por el ex alumno de la Facultad de Derecho Édgar Ulises Báez. En la comparación, la FES valoró “elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, consistencia y manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas”.
La polémica que empezó a girar en torno a Esquivel no quedó ahí. En febrero, EL PAÍS realizó un trabajo de investigación en el que pudo concluir que la ministra también plagió su tesis doctoral, presentada en 2009, con la que la Universidad Anáhuac le otorgó el título de doctora. Su trabajo de grado, en este caso, fue plagiado en 209 de las 456 páginas que componían la obra. Esta tesis, Los derechos fundamentales en el ordenamiento jurídico mexicano y su defensamostró contenido correspondiente a trabajos publicados anteriormente por 12 autores.
Los plagios de la ministra provocaron un aluvión de críticas en su contra. Tres días después de la revelación de este diario, la comunidad académica presentó una carta firmada por 180 intelectuales, mexicanos y extranjeros, en la que rechazaban los argumentos del representante del juez. Alejandro Romano aseguró que lo que pasó con la obra fue un problema de “citación”. “Es un insulto al rigor, a la honestidad ya un trabajo intelectual que se ha construido durante siglos desde la academia”, apuntaba la misiva.
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