México da un paso más para tratar de combatir el tráfico ilegal de drogas y armas de fuego en el país. El Gobierno del país creará una comisión presidencial para atender el problema, según el decreto que ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El mandato, que entra en vigor este jueves, supondrá la creación de un grupo de trabajo integrado por siete de los 20 Secretarios del Ejecutivo, además de la Fiscalía General de la República, que tendrá voz, pero sin voto en las asambleas.
“La comisión tiene por objeto funcionar como un grupo especial de trabajo para dar seguimiento a las acciones que realicen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, señala el decreto. El presidente Andrés Manuel López Obrador estará al frente del grupo de trabajo, lo que significa que podrá convocar o solicitar las sesiones; Además, su voto servirá para llegar a un acuerdo en caso de un supuesto empate entre los componentes. El grupo de trabajo estará integrado por titulares de siete Ministerios, no solo los encargados de la seguridad del país: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa (Sedena), Marina, Salud, y el de Hacienda y Crédito Público, a través de los titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera y del Ministerio Público Federal. En la comisión también estarán presentes el titular del Centro Nacional de Inteligencia —dependiente de la SSPC— y de la Guardia Nacional —dependiente de la Sedena—.
De esta forma, la Administración de López Obrador trata de abordar dos de los temas que han sido un conflicto constante para distintos Ejecutivos mexicanos: el tráfico de armas y el narcotráfico —entre los que se encuentra el fentanilo, la droga sintética que ha acaparado los titulares en los últimos meses—. El tráfico ilegal de drogas ha estado en el punto de mira del gobierno, especialmente en las últimas semanas, luego de que el ala conservadora estadounidense presionara y avivara la discusión en torno a este asunto. En las últimas semanas, los republicanos han tratado una vez más de etiquetar a los cárteles mexicanos como “grupos terroristas”, una iniciativa que, de aprobarse, facultaría al ejército estadounidense para combatirlos dentro de la frontera mexicana.
López Obrador ha criticado estas propuestas intervencionistas, llegando incluso a tildar a los republicanos de “cobardes”. Además, ha provocado un aluvión de referencias a EE.UU. sobre las drogas. El anuncio de que a partir del próximo año los jugadores de la NBA podrán fumar marihuana sin temor a sanciones fue interceptado por López Obrador como ejemplo de lo que no funciona en su vecino del norte. “[No] fortalecen los valores morales, culturales y espirituales; Tampoco limitan el consumo de drogas, al contrario, lo fomentan incluso en el deporte. Es doloroso y decadente”, comentó a través de su cuenta de Twitter. No fue el único del Ejecutivo. Ante las reiteradas inconformidades, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sostuvo el martes pasado la posición del gobierno de que el tráfico de fentanilo no es parte de la frontera mexicana, sino una “epidemia importada”: “Hay rutas de fentanilo de Estados Unidos a México.
La lucha contra el tráfico ilegal de armas de fuego (“y sus municiones”, como especifica el DOF) también ha sido una herida abierta en México. López Obrador se ha ocupado de la lucha contra el tráfico de armas por la vía diplomática y por la vía judicial. En 2021 inició una lucha legal para llevar ante la justicia a 11 gigantes de la industria armamentística, donde denunció las “prácticas comerciales negligentes e ilegales” de estos fabricantes, por facilitar el “tráfico ilegal de armas a México”. Presentó una denuncia ante un tribunal de Massachusetts, que acabó desestimando la demanda el pasado mes de septiembre.
El Gobierno de México presentó un recurso de apelación a la decisión de la corte, llevando la demanda a otra entidad estadounidense, en una corte de Arizona. En marzo pasado, 18 territorios estadounidenses —junto a diversas autoridades de seguridad, organizaciones y gobiernos de otros países— se sumaron al recurso interpuesto por el Ejecutivo de López Obrador.
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