El Secretario del Interior Luisa María Alcaldepresentó pedido de juicio político contra la Cámara de Diputados Crescencio Contreras Martínezjuez de distrito especializado en justicia penal acusatoria en el estado de Tamaulipas, por su probable actuación de dicha autoridad que Favorecían a miembros de grupos criminales.
“Todo lo anterior para que dicha soberanía analice y, de ser necesario, presente denuncia al Senado de la República para proceder con su despido por diversas irregularidades que favorecieron grupos criminales vinculado, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas”, dijo el funcionario en un comunicado.
Como parte del pleno de Morena, PT y PVEM, el responsable de políticas internas del país aprovechó la visita a la Cámara de Diputados para presentar la quejaacompañado del coordinador de los morenisti, Ignacio Mier Velazco.
El funcionario de Gobernación pasó desapercibido para la prensa, pues se mantuvo discreción sobre lo que sucedería al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se llevaron a cabo reuniones con varios funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
Al finalizar su participación, Luisa María Alcalde no quiso dar una rueda de prensa a los medios y decidió retirarse; Sin embargo, el funcionario luego decidió subir un mensaje a sus cuentas X anunciando lo que había hecho.
También explica en el comunicado que, como parte del trabajo del Gabinete de Seguridad, tuvo conocimiento de probables actuaciones del citado juez quien miembros privilegiados de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de quienes se promueve la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo mexicano.
Subraya que “hay una serie de elementos que sugieren esto Las determinaciones del juez de distrito no están atadas a principios constitucionales y legalesporque apoyó criterios que permitieron liberar objetivos que generan violencia en detrimento del interés público”.
Cabe señalar que, en la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, se dio a conocer a los legisladores federales varios casos de alto impacto, entre ellos el de liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presumiblemente relacionado con la reciente Secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas.
Asimismo, otros actos relativos a la crimen organizado como el tráfico de fentanilotenencia de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y corrupción.
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“Se puede observar que hubo por parte del juez federal una falta de apego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”, se lee en la nota.
Por ello, señala el Gobierno, se ha presentado una solicitud de juicio político para que dicha soberanía pueda investigar y analizar la actuación del juez y, de ser necesario, proceder ante el Senado de la República, que deberá determinar su posible destitución.
