Él Caso Yasmin Esquivel Sigue presionando a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este miércoles, 33 miembros de la comunidad universitaria han emitido un contundente comunicado en el que piden retirar el título de abogado a la ministra tras haber sido acreditado que plagió su tesis de grado en 1987. Los firmantes, entre los que se encuentran cuatro miembros de la Consejo Universitario, profesores y estudiantes enfrentan así la interpretación del abogado general, Alfredo Sánchez Castañeda, y aseguran que es falso que la UNAM no pueda hacer nada para invalidar el título del juez. “Exigimos que se cumpla con los principios universitarios y que se retire el título de abogado que se obtuvo penalmente de la señora Yasmín Esquivel de Riobóo, que se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les apliquen las sanciones universitarias correspondientes . ”, reza el documento, en el que se solicita la intervención de la Comisión de Honor y Justicia del Consejo Universitario.
El mismo día que la UNAM anunció la destitución de Martha Rodríguez, directora de tesis de Esquivel, se hizo público el pronunciamiento de lo que definen como “momentos cruciales para la vida democrática del país y del alma mater”. “La ex alumna en mención no elaboró la tesis, la plagió, como ya determinaron nuestras autoridades, por lo que no solo no cumplió con los requisitos indispensables para obtener su título, sino que cometió un delito que había estado oculto hasta el momento. ahora por la conjunción de varias voluntades que también habría que investigar”, señalan, en lo que es la primera manifestación conjunta de rechazo al plagio de Esquivel.
El comunicado es contrario al emitido hace apenas unos días por el abogado general, en el que insistió en que la universidad no tiene la facultad de invalidar un título ya que no existe una norma expresa que lo permita, ni tiene definida una sanción. que corresponde al plagio. Ambos argumentos han sido utilizados por Sánchez Castañeda para afirmar una y otra vez que la universidad no puede hacer más de lo que ya ha hecho: confirmar el plagio.
Esta teoría ha sido rechazada por la comunidad universitaria. “De manera inexplicable, el doctor Alfredo Sánchez Castañeda, abogado generalista, cuya misión es contribuir a los fines sustantivos de la universidad a través, entre otros, de la promoción de una cultura de la legalidad, afirmó que la UNAM no cuenta con los mecanismos necesarios anular un título obtenido fraudulentamente: es falso”, reza el documento, que también adelanta las posibles consecuencias de no sancionar el plagio del ministro: “No hacerlo pone en riesgo la credibilidad de todos los títulos emitidos por nuestra alma mater que pueden ser los objeto de duda y especulación”.
Además, en otro ataque directo a Sánchez Castañeda, señalan: “Recordemos que una de las funciones de la UNAM es la difusión de la cultura, por lo tanto, al no hacerse cargo de la situación que le atañe frente a estos eventos, debemos preguntarnos si lo que quieren difundir es la cultura de la ilegalidad”.
Los firmantes apelan especialmente a uno de los principios de la universidad: la autonomía. Así, rechazan la iniciativa del Ministerio Público de dejar el caso en manos del Ministerio de Educación Pública, buscando que sea esa instancia la que anule la cédula de identidad del ministro. Una opción que ya fue descartada por la SEP, que aseguró que sin la inhabilitación de la UNAM el Gobierno no podría tomar medidas. También resuelven algunos de los obstáculos señalados estos días para no sancionar al ministro, como la prescripción del delito: “Es cierto que puede haber prescrito en los términos de la interpretación tradicional del derecho mexicano, pero sus consecuencias son tales que no es explicable que nuestra máxima casa de estudios renuncie a su autonomía para decidir sobre los efectos jurídicos”.
El Consejo Universitario es el órgano capaz de resolver aquellos casos que no estén expresamente previstos en el reglamento de la UNAM y, por ello, algunos académicos han apelado esta semana a la posibilidad de que una resolución de los regidores sirva como solución al agravio. El rector, Enrique Graue, es el presidente del organismo, que también está integrado por los directores de facultades, escuelas e institutos, los representantes de investigadores, profesores y estudiantes, y un representante de los trabajadores.
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