La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a cuatro militares de homicidio y tentativa de homicidio en la masacre de Nuevo Laredo. El organismo, que no ha tocado el tema públicamente desde lo sucedido, compareció ante el juez este lunes, en la audiencia inicial del caso. Los investigadores formulan sus acusaciones y esperarán la decisión del juez, que dirá si las acusaciones de la FGR son suficientes para procesar a los imputados. Los militares viven presos en el penal militar de la Ciudad de México y asisten a la audiencia de forma remota.
El domingo 26 de febrero, cinco jóvenes fueron asesinados a balazos por soldados en la ciudad norteña, parte de la frontera entre Tamaulipas y Texas. Otro resultó gravemente herido y uno más resultó ileso. Ocurrió al amanecer. Los chicos, siete en total, viajaban a bordo de una camioneta. Habían pasado la noche en un club y regresaban a casa. En la colonia Cavazos Lerma, al suroeste de la ciudad, se encontraron con un convoy militar, cuatro camiones en total. Los soldados comenzaron a seguirlos ya los pocos metros les dispararon. 117 balas en total.
Tanto la Secretaría de la Defensa (Sedena) como el soldado a cargo de la patrulla esa mañana en la ciudad, capitán de caballería Elio N, han indicado que los disparos militares respondieron a detonaciones anteriores, ajenas a la camioneta de los muchachos. El secretario y el capitán dijeron que mientras los elementos patrullaban escucharon disparos; que se dirigieron al lugar donde se realizaron los disparos, los Cavazos Lerma, y fue entonces cuando se toparon con la camioneta de los muchachos, todos de alrededor de 20 años de edad. Ambas partes señalan que el choque de la camioneta de los muchachos, el “estruendo” que produjo, motivó las balas militares. Un error.
La versión de la Sedena contrasta en parte con la del Capitán Elio N, quien menciona que, además del ruido, él y sus hombres escucharon más disparos cuando chocó el vehículo de los muchachos. La secretaría no mencionó ese detalle. Ambas versiones coinciden en que los muchachos no iban armados. Las diferencias entre estas dos narraciones que han planteado los dos supervivientes son, sin embargo, mucho más importantes. Tanto Alejandro Pérez, quien resultó ileso, como Luis Gerardo S, quien estuvo varios días en coma en el hospital, describen un ataque indiscriminado, agravado por la conducta posterior de los militares.
Los dos muchachos señalan que a la altura de Cavazos Lerma, al menos dos camiones militares comenzaron a seguirlos. Que al darse cuenta de que los seguían, se detuvieron y que fueron los militares quienes los chocaron por la espalda, provocando que su camioneta embistiera a un vehículo que estaba estacionado en la calle. Los dos dicen que nada más empezar los tiros, 117 en total. Las autopsias de los cinco muertos, a las que tuvo acceso EL PAÍS, indican que los militares dispararon desde distintos puntos, no solo por la espalda, como sugirieron las versiones de la Sedena y el capitán Elio N.
Semanas después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer su informe sobre el caso. El documento contenía las declaraciones de los militares acusados, cuatro cabos de caballería que el capitán Elio N ya había señalado en su informe sobre lo sucedido. Los cuatro dicen que uno de ellos, a cargo de la ametralladora en la torreta de uno de los camiones, comenzó a disparar tras el choque. Los demás lo siguieron. Algunos de los imputados afirman en su declaración que vieron movimientos extraños dentro del vehículo de los muchachos, por lo que dispararon.
Ni los cuatro imputados, Agustín N, Juan Carlos N, Bernardo N y Jorge N, ni el Capitán Elio N, ni la Sedena hablan de lo sucedido luego de los primeros disparos. Pero los dos supervivientes sí. Narran que, luego de la primera ronda de disparos, soldados dispararon contra uno de ellos, Luis Gerardo S, cuando éste pedía auxilio, gravemente herido, afuera de la camioneta. Alejandro Pérez también señala que escuchó a los militares gritar “¡mátenlo, mátenlo!”, refiriéndose a él, cuando ya lo tenían sometido, en el suelo. La sospecha de que las versiones militares ocultan más datos se alimenta de estudios de autopsias. De los cinco muertos, uno murió de un solo tiro en la cabeza.
El caso ha generado muchas críticas en México. El Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, defendió desde su llegada, en diciembre de 2018, un enfoque diferente al problema de violencia e inseguridad que vive el país. Parte de su discurso al respecto parte de la crítica a las estrategias utilizadas por gobiernos anteriores, primero con Felipe Calderón (2006-2012) y luego, con Enrique Peña Nieto (2012-2018), para enfrentar al crimen organizado. “Abrazos, no balazos”, dijo López Obrador en la campaña.
Las críticas del presidente a la agresividad del aparato de seguridad en administraciones anteriores se reflejan ahora en el caso de Nuevo Laredo. Primero, por la respuesta desproporcionada de los militares, que dispararon más de 100 veces sin agresión previa. Y luego, por la opacidad de las autoridades. La Sedena apenas informó del caso en un comunicado del 28 de febrero. No se ha vuelto a pronunciar sobre el asunto. La FGR no ha denunciado el caso de manera oficial. López Obrador se ha centrado en aclarar cualquier tema, bajo el argumento de que no son “lo mismo”.
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