Eustacio Alcalá fue asesinado en Michoacán, a pocos kilómetros de su casa, en Huizontla, en la región de la Sierra Costa. Lo mataron a balazos mientras conducía en una camioneta a unos misioneros que habían llegado a la zona en misión de evangelización. El sábado, un grupo armado interceptó el vehículo, dejó ir a las monjas y se llevó a Alcalá, una de las líderes más destacadas de su comunidad. Al igual que el resto de sus vecinos, Alcalá participó en la lucha de Huizontla contra la explotación minera en su territorio.
Según fuentes cercanas al líder comunitario y autoridades de Huizontla consultadas por EL PAÍS, los atacantes lo buscaban. “Cuando los interceptaron, les preguntaron sus nombres. Y cuando oyeron lo de Eustacio, le dijeron, ‘te estábamos buscando’. Se lo llevaron”, explica una de las fuentes. Alcalá apareció muerto este lunes, con varios disparos en el cuerpo, según ha informado la Fiscalía local. Tenía 68 años.
Alcalá era una de las personas más respetadas de Huizontla, una comunidad nahua del municipio de Chinicuila, cerca de la frontera de Michoacán con Jalisco y Colima. Cuando era joven fue a probar suerte a los Estados Unidos. Ella lo hizo bien. Trabajó allí durante años y luego se jubiló. Sus hijos y su primera esposa decidieron quedarse allí. Alcalá prefirió regresar a Huizontla, donde conoció a otra mujer, con quien convivió hasta que lo mataron. Ambos subsistían de la pensión de Alcalá y del maíz que cultivaban en su huerta.
Parecía una buena solución, al menos hasta que estalló la delincuencia. Chinicuila, Coalcomán, Aguila… La región de la Sierra Costa y sus límites con la región de Tierra Caliente han funcionado durante años como escenario de la guerra de baja intensidad entre distintos grupos criminales, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por un por un lado, y Carteles Unidos, por otro, una imitación de las viejas mafias locales.
Expresión un tanto ambigua, guerra de baja intensidad se refiere aquí a una realidad que combina la tranquilidad montañesa, la normalidad y la rutina, con choques repentinos y brutales entre autoridades y delincuentes y delincuentes con delincuentes. Esto sucedió en enero, por ejemplo, cuando presuntos miembros del CJNG atacaron a militares en Coalcomán, algo al norte de Chinicuila. Al menos un soldado murió y seis resultaron heridos, en un ataque realizado poco después de la detención de un líder local del CJNG.
Pero no son sólo los accidentes. Sin motivo probado, los delincuentes hostigan, persiguen, agreden y desaparecen a los líderes comunitarios de la zona. El caso de Alcalá es uno de tantos. Hace poco más de dos meses, delincuentes se llevaron de la misma zona a Ricardo Lagunes y Antonio Díaz Valencia. Lagunes es abogado y ha colaborado con diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos en la región. Díaz, de 71 años, vecino de Aquila, comunidad cercana a Huizontla, ha criticado la actividad minera en su municipio. ambos siguen desaparecidos
Con los tres, la pregunta es por qué y por qué ahora. La omnipresencia de siglas y trifulcas, su vinculación con actividades delictivas, narcotráfico, por citar algunas, desvía la atención de temas más mundanos. La dificultad de mapear las relaciones entre la industria extractiva de la zona y los grupos criminales deja a las comunidades en el limbo. La incapacidad de las autoridades para investigar y esclarecer estos vínculos -u otros, algunos, lo que sea- acaba de dibujar una situación de impunidad.
el litigio
Desde hace más de diez años, Huizontla lucha contra la minería. En 2012, la comunidad descubrió que un grupo de delincuentes estaba explotando ilegalmente una mina en su territorio. “Todos organizados”, explica Claudia Ignacia Álvarez, de la Red Solidaria por los Derechos Humanos de Michoacán. “Formaron una guardia comunitaria y articularon una alianza con otras comunidades, en el caso de Ostula, Aquila y Coahuayana”, agrega. Álvarez y sus compañeros han acompañado a la comunidad desde entonces.
Huizontla logró echar a los delincuentes. Años después, inició un proceso para saber si el Gobierno había concedido esa u otras minas a empresas para explotarlas. Fueran delincuentes o no, el asunto era el mismo: el intento de extraer recursos de su territorio, por la fuerza, sin la consulta previa reglamentaria. En octubre de 2018, aún durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), descubrieron que el Ministerio de Economía había otorgado seis concesiones distintas a dos empresas, una, subsidiaria del gigante ArcelorMittal, y otra, subsidiaria de Ternium. , la empresa que opera la mina Aquila.
Con el apoyo de abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, la comunidad inició una disputa legal para que se cancelaran o al menos se suspendieran las concesiones. En un escrito presentado ante un tribunal local, la comunidad contó cómo se enteraron de las concesiones y por qué creían que eran ilegales. No se trataba solo de consultar a la comunidad, requisito para iniciar cualquier obra. Era si preservar o no un sistema de vida. Las minas “implican la destrucción material de nuestro territorio y el aprovechamiento de los recursos naturales que conforman nuestro territorio, los mismos que cuidamos y preservamos: agua, bosques, pastos y vegetación en general que constituyen nuestro hábitat”, se lee. la carta. Uno de los firmantes fue Eustacio Alcalá.
A principios del año pasado el tribunal les dio la razón. Las concesiones fueron suspendidas. La buena noticia para Huizontla fue también que la corte reconoció los límites territoriales que han defendido a lo largo de décadas, siempre en duda por las sucesivas reformas agrarias que ha vivido México a lo largo del siglo XX. La mala noticia es que el Ministerio de Economía, ya con Andrés Manuel López Obrador al frente del Gobierno, pidió que se revise la decisión.
Meyatzin Velasco, abogada de Centro Pro, explica que la insistencia de Economía fue pura estrategia. “Si no pidieran que se revise la decisión, sería como reconocer que no están consultando a las comunidades antes de entregar las concesiones mineras y que no están siguiendo los procedimientos que se deben seguir en casos como este”, dijo. explica. Extraña la actitud de la Economía, ante el impulso del mismo Gobierno a cambios en la Ley de Minería, en una lógica de respeto a los pueblos y comunidades indígenas. Por un lado, Economía defiende las concesiones irregulares. Por otro, el Ejecutivo trata de proteger al pueblo de decisiones como las que toma la agencia. Los tribunales deben resolver la disputa en los próximos meses.
El asesinato de Alcalá está actualmente en manos de la Fiscalía de Michoacán. En tales casos, sin embargo, podría intervenir la fiscalía federal especializada en delitos contra la libertad de expresión. “En la comunidad están muy preocupados”, dice Velasco. “En los últimos meses ha aumentado la violencia. Durante mucho tiempo ha habido una calma tensa, pero recién a fines del año pasado aumentaron las amenazas contra la comunidad y contra algunas personas en específico”, agrega.
“En la Sierra Costa, el activo en disputa son los recursos minerales. En Huizontla se sabe que hay hierro y otros minerales. Pensamos que este crimen está relacionado con la minería, pero no tenemos pruebas”, dice Claudia Álvarez, quien señala viejas relaciones entre el crimen y las empresas mineras. “En 2012 se dijo que los camiones bajaban de la mina ilegal Huizontla a las instalaciones de Ternium. Recolectamos testimonios que indicaban esta relación. No sabemos si tuvo que ver con una alianza, o con el pago de un piso. Pero asumimos que hay una relación entre minería y delincuencia en esta zona”, zanja.
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