Un juez ha procesado a cuatro militares por la masacre en Nuevo Laredo. Los militares, cuatro cabos de caballería, habrían disparado 117 veces contra un grupo de niños desarmados en febrero en la ciudad fronteriza. Cinco resultaron muertos, otro gravemente herido y un séptimo ileso. Las partes ahora tienen dos meses para acumular pruebas antes de presentarlas al juez. La Fiscalía General de la República (FGR), parte acusadora, no ha informado si investigará la cadena de mando o se quedará con las acusaciones contra los efectivos.
La masacre de Nuevo Laredo es una de las grandes manchas en el accionar policial de las Fuerzas Armadas en México en los últimos años. Los militares atacaron sin ninguna agresión contra ellos. En sus declaraciones indican que escucharon detonaciones de armas de fuego, pero aclaran que los disparos nunca salieron de la camioneta en la que viajaban los muchachos. De hecho, ninguno de los cuatro vehículos militares que participaron en el operativo en total presentaba impactos de bala. Durante la madrugada, los militares siguieron una camioneta que encontraron sospechosa. El camión chocó -no se sabe si porque un militar los golpeó por detrás o no- e inmediatamente después los soldados dispararon.
Lo anterior podría responder a un error que, sin ser justificable, podría entenderse como parte de la guerra de baja intensidad que reina en partes del país. Pero la cosa no acaba ahí. Tras la primera ráfaga, los militares todavía dispararon contra uno de los dos sobrevivientes, cuando éste pidió auxilio, gravemente herido, ya afuera de la camioneta, según su relato y el del otro joven, quien resultó ileso. El equívoco de los primeros momentos quedaría aquí sin efecto. De ahí los reclamos de los familiares de las víctimas, quienes han criticado que la FGR no miró más allá de los únicos cuatro militares que presuntamente dispararon.
Luego de lo sucedido, parte de la discusión se centró en la vida de los chicos. En las redes sociales, videos y fotos apuntaban a la supuesta filiación delictiva de una de las víctimas, justificando de alguna manera el estado actual de los militares. Pero más allá de la discusión, lo cierto es que ellos, esa noche, ni siquiera portaban armas. Según han contado los dos supervivientes y las familias de los demás, los chicos salieron de una discoteca y regresaron a casa. Además, el soldado a cargo del operativo, Capitán de Caballería Elio N, escribió en el informe que entregó ese mismo día a la FGR que, cuando allanaron la camioneta de los civiles, no encontraron ningún “ilegal”, es decir , armas, cartucho, drogas…
El caso cataliza mucha ira en México. El Gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, defendió desde su llegada, en diciembre de 2018, un enfoque diferente al problema de violencia e inseguridad que vive el país. Parte de su discurso al respecto parte de la crítica a las estrategias utilizadas por gobiernos anteriores, primero con Felipe Calderón (2006-2012) y luego, con Enrique Peña Nieto (2012-2018), para enfrentar al crimen organizado. “Abrazos, no balazos”, dijo López Obrador en la campaña.
Las críticas del presidente a la agresividad del aparato de seguridad en administraciones anteriores se reflejan ahora en el caso de Nuevo Laredo. Primero, por la respuesta desproporcionada de los militares, que dispararon más de 100 veces sin agresión previa. Y luego, por la opacidad de las autoridades. La Sedena apenas informó del caso en un comunicado del 28 de febrero. No se ha vuelto a pronunciar sobre el asunto. La FGR no ha denunciado el caso de manera oficial. López Obrador se ha centrado en aclarar cualquier tema, bajo el argumento de que no son “lo mismo”.
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