El Congreso aprueba una norma que garantiza la independencia de las personas con discapacidad

México ha dado un paso de gigante en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. El Congreso de la Unión aprobó este lunes por unanimidad el Código Nacional de Procedimientos Civiles y de Familia (CNPCF). Compuesta por 1.191 artículos y 20 artículos transitorios, la nueva norma, entre otras cosas, deroga la interdicción, figura legal que identifica a las personas con discapacidad física o intelectual que no pueden valerse por sí mismas como menores ante los ojos de la justicia. . La votación, considerada histórica por organizaciones civiles como Human Rights Watch, resultó con 481 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, un consenso absoluto con pocos precedentes en la Cámara de Diputados de México.

En la práctica, la medida garantiza que las personas con discapacidad tengan pleno poder de decisión sobre situaciones como casarse, abrir una cuenta bancaria, alquilar una casa o someterse a un tratamiento médico. Es decir: obtener los mismos derechos que tiene cualquier adulto. El nuevo código, además de derogar la prohibición, crea una nueva institución, denominada Designación de apoyo extraordinario, para aquellos casos en que la persona de que se trate no pueda comunicar su voluntad por ningún medio —por ejemplo, alguien que haya sufrido un accidente grave y entrar en coma, pero seguir viviendo.

“La interdicción era un procedimiento mediante el cual se designaba a un tercero para poder tomar decisiones en nombre de otra persona sin tener que consultarla. Este nuevo procedimiento operará únicamente para aquellos casos en los que alguien no pueda comunicar su voluntad y preferencias. En estos casos, la persona designada tendrá que reconstruir la historia del afectado para hacer la mejor interpretación posible de sus deseos y así operar su voluntad”, explica Carlos Ríos, director adjunto de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONG Human Rights Watch (HRW).

“A diferencia de la interdicción, en este nuevo procedimiento el juez y las personas de apoyo están autorizados y tienen el deber de poder averiguar con todas las fuentes e información disponibles lo que la persona quiere”, prosigue Ríos. “Aún es necesario ampliar esta reforma para que los códigos civiles locales establezcan el pleno reconocimiento de la capacidad jurídica y los apoyos que puedan necesitar para su ejercicio, pero eso no dependerá de la autorización de terceros”.

“Este código, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países de América Latina, no restringe el apoyo a la toma de decisiones solo a determinados colectivos o grupos, lo extiende a todas las personas. Eso es lo que hace el derecho internacional de los derechos humanos, otorgar capacidad jurídica universal a todas las personas. Sin duda este ciclo concluirá con las reformas a los códigos civiles y las leyes notariales de las entidades federativas, pero sin duda es un gran paso adelante, felicidades al congreso de la unión de México”, abunda Ríos.

El CNPCF fue aprobado primero en el Senado, también por unanimidad. La comunidad participó activamente en la redacción de la norma. decidir es mi derecho, una plataforma formada por diversos colectivos integrados por personas con discapacidad, activistas y académicos. El grupo había sido previamente parte de un proyecto de ley que llegó al Congreso de la Ciudad de México y también busca derogar la prohibición.

Esta iniciativa es clave porque, a pesar de que este lunes se aprobó la CNPCF, su entrada en vigor aún tardará un poco: está prevista para abril de 2027. Como explican desde Decidir es mi derecho, se necesita tiempo para “informar y capacitar”. a todas las personas que tendrían que ver con su implementación”. Los Estados, aclara el grupo, podrían implementarlo antes, pero tendrían que reformar sus códigos civiles. La propuesta del Congreso de la Ciudad de México puede ser una de las pioneras La prohibición, según la primera sala de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es inconstitucional y los jueces ya no pueden aplicarla, por eso es tan importante la reforma a nivel local, dice Ríos.

Ricardo Adair (34 años), diagnosticado con autismo grado uno, es uno de los rostros de la lucha contra la interdicción en México. En 2013 obtuvo un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que anuló la figura jurídica en su caso. Fue el primer fallo en la historia del país en hacerlo, el que comenzó a abrir grietas en el estancado sistema legal. En 2016, la medida fue ratificada por otro tribunal. “Hoy México hace historia porque el Código fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados. Esto ayudará a dar un gran paso para que se respeten todos nuestros derechos como personas y podamos tomar decisiones con y sin apoyo y, sobre todo, un gran paso para avanzar y poder eliminar la prohibición en nuestro país que es inútil porque ya es un modelo obsoleto y viejo”, celebra Adair.

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