AMLO: La guerra pacífica |  Opinión

En política, la guerra en los tribunales es la peor de las guerras, excepto todas las demás, podríamos decir, parafraseando la famosa frase de Winston Churchill sobre la democracia. Ventilar un pleito por la vía legal o, en realidad, la polarización que atraviesa el país constituye un enorme y agotador disparate, pero es infinitamente más saludable que resolverlo violentamente, sea abierta o clandestinamente. Se pueden decir mil cosas sobre la tensión que vive México frente a un proyecto de cambio político y social que despierta pasiones a favor y en contra, pero hay que reconocer la responsabilidad de los protagonistas de este choque de fuerzas manteniendo la contienda en pacífica e institucional.

Parecen palabras irreflexivas teniendo en cuenta el atolladero en el que se mete día a día la opinión pública. Pero, mirando de cerca, la disputa podría haberse dirimido en la calle, en la cárcel, en la agresión física, en el destrozo económico, considerando cuánto está en juego y la exaltación que alienta a unos y otros.

Es cierto que la disputa ha sido virulenta en términos verbales; En cuanto a adjetivos, ambos bandos no se han guardado nada. Aquí no ha habido sutileza ni decoro a la hora de descalificar, generalizar, desvirtuar y, rotundamente, insultar. Pero dicho lo anterior, tanto el gobierno de la 4T como sus adversarios han operado dentro del marco institucional. La oposición no ha recurrido a boicots productivos o comerciales, huelgas empresariales, sabotaje económico, fuga masiva de capitales o actos de violencia descarados (como sucedió en Chile abiertamente contra el gobierno de Salvador Allende o en Argentina y Brasil de manera más oculta). . La prensa y los comentaristas críticos tachan de déspota al presidente y afirman que está destruyendo rápidamente el país, pero nadie ha actuado al margen de la ley.

Por su parte, López Obrador ha tratado de modificar el marco institucional y legal para ampliar sus capacidades políticas e impulsar sus reformas, utilizando el propio marco institucional y sus facultades legales. Puede decir misa sobre el comportamiento de los jueces, pero una y otra vez ha acatado sus decisiones. Habla de planes B precisamente porque los tribunales o las cámaras han echado por tierra sus planes A. Despotricará contra sus críticos, pero nadie se ha impedido de criticar; se quejará de los empresarios conservadores, pero ninguno está preso ni ha perdido su propiedad. La intervención más controvertida contra el sector privado, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, resultó en una compensación económica de acuerdo con la ley. Con variaciones lo acabamos de ver en el acuerdo de compra con la “satanizada” Iberdrola.

También es cierto que en esta guerra legal (conocida en todo el mundo como Lawfare) cada una de las partes ha recurrido a artimañas poco edificantes, distorsiones, dobleces legales, oportunismo. Algunos utilizando figuras legales como el amparo o la denuncia ambiental con fines esencialmente políticos, por citar algunos. Otros, haciendo uso de las atribuciones de la presidencia o de sus mayorías en las cámaras para operar levantate temprano y debilitar los organismos considerados contrarios a su causa. Pero tampoco debemos escandalizarnos: las acciones de la oposición y las tácticas utilizadas por el gobierno no son más indecorosas que las utilizadas por los actores políticos en Norteamérica o Europa, con los matices de cada país. En términos físicos, los dos partidos han organizado manifestaciones masivas para mostrar fuerza, pero sin llegar a confrontaciones. En la práctica, son solo torneos para ver quién puede escupir más lejos.

Entonces, más allá del polvo incómodo, lo que en realidad está sucediendo es un intento de reforma por medios pacíficos, con un sentido razonable de responsabilidad en términos de estabilidad económica y acciones políticas, independientemente de si están o no de acuerdo con ellas. . Y a este intento hay una respuesta igualmente responsable de los actores afectados o, simplemente, opuestos a esos cambios. Dicho de otro modo, los inversionistas extranjeros, que no ven el matutino ni la prensa local, pero sí indicadores económicos estables o la actitud institucional del Gobierno, han canalizado cantidades históricas hacia nuestro país y no sólo por un entorno internacional favorable situación.

En las próximas semanas la guerra legal continuará con tres batallas importantes, a las que tendremos que estar atentos. Por un lado, la Corte Suprema tendrá que determinar si la ley ejecutiva secundaria que subordina la Guardia Nacional al Ejército es inconstitucional o no, es decir, si se mantiene o se va. Ocho de los once ministros están obligados a rechazar la reforma del presidente y se prevé que el resultado sea muy ajustado. En lo personal, en este espacio he planteado que, si nos encontramos en la ineludible necesidad de utilizar el Ejército para enfrentar la inseguridad ciudadana, el desafío tendría que ser el de “civilizar” el accionar de los militares y no en sentido contrario, el de militarizar las fuerzas civiles. Un tema que requiere mayor discusión.

Un segundo frente es el debate en comisiones de la Cámara de Diputados de la ley que busca limitar las facultades del Tribunal Federal Electoral para intervenir en la vida interna de los partidos y en la defensa de militantes y minorías. Una iniciativa que ha sido calificada como un intento de salvaguardar los privilegios de la dirección de estas organizaciones; No es de extrañar que, independientemente de las posiciones ideológicas, exista prácticamente un consenso entre los líderes de Morena, PVEM, PAN, PRI y PRD (la honrosa excepción de MC). Afortunadamente, un grupo importante de legisladores de Morena y otros partidos han cuestionado algunos de los alcances de esta ley, lo que podría llevar a reformarla o rechazarla de plano. Veremos.

Y finalmente, entrará en proceso de discusión el proyecto de ley sobre expropiaciones, indemnizaciones y contratos públicos, que seguramente generará una intensa polémica. Se trata de dar más margen al Gobierno para emprender proyectos de interés público sin verse obstaculizado por objeciones legales de particulares o indemnizaciones absurdas. Por falta de espacio, remito al lector al buen artículo sobre el tema publicado en El país por Viri Ríos este miércoles (La reforma más ambiciosa de López Obrador).

En definitiva, salvo que nos entretengan los interminables fuegos artificiales de la chora cotidiana, por curiosidad o por ocio, sugiero concentrarnos en estas batallas legales en las que se está definiendo el verdadero alcance de las reformas de la 4T. Ahí es donde está sucediendo lo que realmente importa.

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